Los medios de comunicación difundieron en pasados días, la carta enviada por el Fiscal Marcelo Soza, al Fiscal General de la Nación, solicitando su alejamiento del caso denominado Terrorismo. A esta carta, el Fiscal General de la Nación, responde negando la solicitud del Fiscal Soza, con el sólido argumento, de que la norma no establece la posibilidad del alejamiento de un Fiscal dentro de un determinado caso, motivado simplemente por supuestas amenazas o incomodidades que pudiera sufrir determinado representante del Ministerio Público.
Esta actitud del Fiscal Soza, revela una vez más, las irregularidades y la incapacidad con la cual ha llevado el presente caso, empujado, sin duda, por una presión política latente, que le ha obligado a asumir una determinada línea de postura, mediante la cual se han vulnerado derechos y garantías constitucionales de muchas personas; y lo que es peor, se ha armado un gran teatro mediático, que hasta la fecha (más de dos años después del hecho), no ha arrojado ningún resultado. Es más, en la audiencia conclusiva, realizada en Cochabamba, se pudieron advertir errores procesales, que deberán ser subsanados por el Ministerio Público, que sin duda, ha tenido una negligente actuación, extremo totalmente ratificado por el Juez de la causa.
Dos años después de los hechos suscitados en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, y después de haber sido un directo protagonista mediático, copando extensos espacios televisivos, radiales y de prensa escrita, el Fiscal del caso, Marcelo Soza, decide dar un paso al costado y solicitar su alejamiento de este caso, arguyendo razones estrictamente personales, aseverando que es víctima de diversas amenazas que afectan a su seguridad y a la de su familia. Quizá no esté lejos de la verdad, sería justo concederle el beneficio de la duda, sin embargo, la carrera y la función de representante del Ministerio Público, tiene esos matices y quizá hasta esos riesgos; la delicada función de ser Fiscal de Materia, conlleva ese tipo de eventualidades y seguramente dentro de la formación y capacitación para ese cargo, se debe seguir una preparación íntegra que otorgue a cada Fiscal de Materia, el profesionalismo y personalidad necesaria, como para afrontar ese tipo de riesgos, a los cuales en todo momento podrán ser propensos y el mismo Estado, deberá otorgar las garantías necesarias, para asegurar en todo momento su integridad física.
Al solicitar su alejamiento del caso denomiando Terrorismo, el Fiscal Soza, demuestra una vez más, no tener la capacidad necesaria para encontrarse en el cargo que actualmente ostenta, y lo que debió hacer, en estas circunstancias, es renunciar al Ministerio Público, y no así, a un determinado caso, como si cada Fiscal podría elegir, en que caso actuar, y en que caso no, lo que significaría simplemente una aberración jurídica.
Lo único que podemos esperar en este caso, es que se esclarezcan los hechos, y que al final de todo este túnel mediático y teatral, se pueda establecer de manera fidedigna, el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados, se pueda declarar inocentes a quienes no tuvieron nada que ver, y castigar a los culpables, aunque dentro este grupo se encuentren autoridades del actual gobierno.
Esta actitud del Fiscal Soza, revela una vez más, las irregularidades y la incapacidad con la cual ha llevado el presente caso, empujado, sin duda, por una presión política latente, que le ha obligado a asumir una determinada línea de postura, mediante la cual se han vulnerado derechos y garantías constitucionales de muchas personas; y lo que es peor, se ha armado un gran teatro mediático, que hasta la fecha (más de dos años después del hecho), no ha arrojado ningún resultado. Es más, en la audiencia conclusiva, realizada en Cochabamba, se pudieron advertir errores procesales, que deberán ser subsanados por el Ministerio Público, que sin duda, ha tenido una negligente actuación, extremo totalmente ratificado por el Juez de la causa.
Dos años después de los hechos suscitados en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, y después de haber sido un directo protagonista mediático, copando extensos espacios televisivos, radiales y de prensa escrita, el Fiscal del caso, Marcelo Soza, decide dar un paso al costado y solicitar su alejamiento de este caso, arguyendo razones estrictamente personales, aseverando que es víctima de diversas amenazas que afectan a su seguridad y a la de su familia. Quizá no esté lejos de la verdad, sería justo concederle el beneficio de la duda, sin embargo, la carrera y la función de representante del Ministerio Público, tiene esos matices y quizá hasta esos riesgos; la delicada función de ser Fiscal de Materia, conlleva ese tipo de eventualidades y seguramente dentro de la formación y capacitación para ese cargo, se debe seguir una preparación íntegra que otorgue a cada Fiscal de Materia, el profesionalismo y personalidad necesaria, como para afrontar ese tipo de riesgos, a los cuales en todo momento podrán ser propensos y el mismo Estado, deberá otorgar las garantías necesarias, para asegurar en todo momento su integridad física.
Al solicitar su alejamiento del caso denomiando Terrorismo, el Fiscal Soza, demuestra una vez más, no tener la capacidad necesaria para encontrarse en el cargo que actualmente ostenta, y lo que debió hacer, en estas circunstancias, es renunciar al Ministerio Público, y no así, a un determinado caso, como si cada Fiscal podría elegir, en que caso actuar, y en que caso no, lo que significaría simplemente una aberración jurídica.
Lo único que podemos esperar en este caso, es que se esclarezcan los hechos, y que al final de todo este túnel mediático y teatral, se pueda establecer de manera fidedigna, el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados, se pueda declarar inocentes a quienes no tuvieron nada que ver, y castigar a los culpables, aunque dentro este grupo se encuentren autoridades del actual gobierno.
